JORDI RIBERA En junio de este año la empresa bisutera Catisa cerró sus puertas definitivamente. Fue el fin de un proyecto con 55 años de historia que no pudo superar el envite de la actual crisis ni la deudas acumuladas por la gestión de años anteriores. Pero la situación pudo ser muy diferente si hubiera prosperado el plan de saneamiento redactado en 2007 y que preveía reflotar la compañía tras los avatares padecidos desde la crisis del año 2000. Un año antes se había realizado una gran inversión para poder trasladar la producción. La venta de la antigua sede obligaba a buscar un nuevo espacio y en 2006 se puso en marcha la nueva Catisa en un solar en el polígono de 4.825 metros cuadrados con una nave de dos plantas que se equipo con tecnología de última generación surgida de Industrias Aguinagalde. Fue una inversión conjunta de 1.604.000 euros. Era una apuesta arriesgada pero imprescindible que se adoptó en tiempos de Antoni Montserrat pero que, tras su fallecimiento, culminó Xavier Borbolla. La empresa venía de dos años de beneficios. En 2004 se alcanzaron unos resultados positivos de 1,5 millones de euros. En 2005 las cuentas registraron una ganancia mínima, pero los números aún eran verdes. Con estas perspectivas el plan de actuación de 2007 preveía, en primer lugar, amortizar la deuda pendiente con los organismos públicos. Entre Fogasa, Hacienda y Seguridad Social, la bisutera debía 1.349.000 euros ya que sólo había satisfecho 365.500 en los últimos meses. Prórrogas La gerencia de la bisutera contaba con un aplazamiento de los pagos que iba de 2005 a 2009 y se habían entablado negociaciones para una nueva prórroga que iba de 2007 a 2011. El objetivo final, según la empresa, era conseguir un nuevo aplazamiento o, incluso, la condonación de la deuda. Solucionar la cuestión de los acreedores era sólo una de las piedras angulares de la solución para Catisa. También se desarrollaron medidas para un control de gastos y se reestructuró la producción. La nueva maquinaria debía optimizar el espacio y mejorar la rentabilidad de los empleados. Pero la gran oportunidad se divisaba en las nuevas tecnologías. Se realizaron grandes esfuerzos en la comercialización de los productos. Se quiso potenciar internet como nuevo canal de ventas y de exposición de catálogos. También se dio un nuevo impulso a la expansión a nuevos mercados exteriores. Pero la crisis ya empezaba a asomar. La dura competencia de Asia impedía facturar al mismo nivel que los años anteriores. Los pedidos fueron decayendo hasta que la situación resultó insostenible. Los trabajadores que quedaban en la empresa mantuvieron una fidelidad a la misma que les llevó a estar cinco meses sin cobrar. Al final se tramitó un ERE en el mes de mayo de este año para toda la plantilla que pudo recibir el dinero adeudado gracias a la intervención del Fogasa. La antigua sede de Catisa se consideró en su momento un modelo a seguir por las industrias de la Isla. La empresa, surgida en 1954 de la unión de Miquel Carretero y Rafael Timoner tuvo un despegue espectacular. En seis años ya superaba los 80 empleados y en su época de mayor esplendor rozó los 160. A ellos hay que añadir numerosos colaboradores que trabajaban desde fuera de la compañía. Catisa les ofreció unas prestaciones innovadoras para la época como un bar, teatro, cine, pistas polideportivas en el interior de la instalación, economato, consulta médica y otros privilegios a los trabajadores durante las fiestas navideñas. Desde los sindicatos se considera que la gestión de Carretero y Timoner fue «paternalista» en el mejor sentido de la palabra y por ello no entraron en la empresa para defender a los trabajadores hasta que Josep Maria Drudis la compró en 1999. Las cuentas de Catisa reflejan que en todo el siglo XXI sólo cerró dos ejercicios en positivo. En 2004 y bajo la gerencia de Antoni Montserrat se consiguieron unos beneficios de 1,5 millones de euros. Al año siguiente, por unos pocos miles de euros, pero el saldo también fue favorable. En 2006 murió Montserrat y las cuentas iniciaron una caída de la que Catisa ya no se recuperó. Ese año se perdieron casi 100.000 euros. Los datos de 2007, 2008 y la mitad de 2009 obligaron a cerrar la fábrica. Aunque fueron peores los años previos a la llegada de Montserrat. En 2000 las cuentas reflejaron unas pérdidas que superaban el millón de euros. En 2001 los números rojos marcaban unos 200.000 euros y al año siguiente se situaron en torno a los 450.000 euros. 2003 marcó un balance de menos 300.000 euros.
El “espíritu familiar” marcó buena parte de la trayectoria de la bisutera mahonesa
F.A.M. El cierre de una fábrica emblemática y cincuentenaria de Maó como la de Catisa no puede ser nunca una buena noticia, pero que sus trabajadores puedan empezar a ingresar algún dinero tras más de medio año sin cobrar supone al menos una pequeña luz en este largo túnel. La aprobación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado a instancias de los representantes sindicales permite, ahora sí, a la plantilla de 31 trabajadores solicitar el subsidio del paro y acudir al Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) para cobrar las más de seis mensualidades que se les deben o, como mínimo, la parte correspondiente a los 150 días de trabajo y 20 días por año trabajado de indemnización que cubre el citado ente. El resto deberá ponerlo, si puede, la empresa, cuyos responsables se reúnen mañana con los trabajadores, que ayer ya no acudieron a la fábrica, para explicarles los pasos a seguir para empezar a cobrar el paro lo antes posible. Sensación agridulce Tal y como constató el secretario general de Comisiones Obreras (CCOO) en la Isla, Ramón Carreras, las sensaciones que viven estos días los 31 trabajadores son «agridulces», ya que se mezclan el fin de la incertidumbre sobre cuanto tiempo más estarán sin cobrar, por un lado, y la siempre dramática situación que supone la pérdida del empleo, por otro, más acentuada entre aquellos empleados de edades avanzadas que se enfrentan, con sólo dos años de paro, a un mercado laboral en horas bajas. «El problema estalló en el año 2000 y hay gente que ha luchado mucho durante estos nueve años para salvar esto», explicó Carreras, quien en los próximos días se reunirá con la plantilla y la empresa para calcular con exactitud las cantidades que se adeudan a cada trabajador. Lo que no cubra el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), es decir, todo aquello que supere los 150 días de trabajo, «es una deuda que se cobrará en función de si hay dinero para pagarles o no lo hay», explicó Carreras. A partir de ayer, la única actividad que registrará la fábrica será la de los cinco trabajadores que hasta mañana o hasta el lunes, a lo sumo, se encargarán, de forma completamente voluntaria, de ir terminando los pedidos pendientes. La crisis económica y la caída fulminante del 40% en la facturación de Catisa que ésta ha provocado han sido la puntilla para convertir el cierre de la empresa en una realidad, después que ni el préstamo de 200.000 euros del Govern balear del pasado verano ni los 500.000 que ha desembolsado la empresa los últimos años pudieran evitar el concurso de acreedores, primero, ni el Expediente de Regulación de Empleo, después. La deuda de 1,5 millones de euros con Hacienda y la Seguridad Social heredada de la gestión anterior y el costoso traslado que se acometió prácticamente sin ayuda económica de ningún tipo han impedido finalmente el reflote de la empresa que cincuenta años después se despide de Maó. El responsable económico de la fábrica de Catisa en Maó, Pau Montserrat, hijo del anterior director de la empresa, expresó ayer una sensación de «tristeza» ante la consumación del cierre de «una fábrica emblemática de Maó de más de 50 años de historia y sin habernos sentido arropados por el Govern balear». «Está claro que si no queda más remedio que cerrar no se puede culpar al Govern, pero sí que pensaba que se involucraría mucho más en la situación de los trabajadores, ni que fuera en el plano más personal», reconoció Montserrat, que tiene previsto reunirse con los 31 trabajadores mañana para explicarles cómo irá el proceso que debe permitirles empezar a cobrar cuanto antes el subsidio del paro. «La palabra que mejor define sus sentimientos es la de haberse sentido desamparados», aseguró el economista en relación a los meses que llevan los trabajadores sin cobrar. «Probablemente sin una caída de la facturación tan fuerte y algo de ayuda institucional podríamos estar capeando el temporal», apuntó Montserrat, que lamenta que «el Govern decidiera desde un principio no intervenir, porque no la debería considerar una empresa estratégica».
