Catisa: una luz al final del túnel
La aprobación del ERE permite a los trabajadores acceder al paro y acudir al Fondo de Garantía Salarial para cobrar lo que se les debe
F.A.M. El cierre de una fábrica emblemática y cincuentenaria de Maó como la de Catisa no puede ser nunca una buena noticia, pero que sus trabajadores puedan empezar a ingresar algún dinero tras más de medio año sin cobrar supone al menos una pequeña luz en este largo túnel. La aprobación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado a instancias de los representantes sindicales permite, ahora sí, a la plantilla de 31 trabajadores solicitar el subsidio del paro y acudir al Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) para cobrar las más de seis mensualidades que se les deben o, como mínimo, la parte correspondiente a los 150 días de trabajo y 20 días por año trabajado de indemnización que cubre el citado ente. El resto deberá ponerlo, si puede, la empresa, cuyos responsables se reúnen mañana con los trabajadores, que ayer ya no acudieron a la fábrica, para explicarles los pasos a seguir para empezar a cobrar el paro lo antes posible. Sensación agridulce Tal y como constató el secretario general de Comisiones Obreras (CCOO) en la Isla, Ramón Carreras, las sensaciones que viven estos días los 31 trabajadores son «agridulces», ya que se mezclan el fin de la incertidumbre sobre cuanto tiempo más estarán sin cobrar, por un lado, y la siempre dramática situación que supone la pérdida del empleo, por otro, más acentuada entre aquellos empleados de edades avanzadas que se enfrentan, con sólo dos años de paro, a un mercado laboral en horas bajas. «El problema estalló en el año 2000 y hay gente que ha luchado mucho durante estos nueve años para salvar esto», explicó Carreras, quien en los próximos días se reunirá con la plantilla y la empresa para calcular con exactitud las cantidades que se adeudan a cada trabajador. Lo que no cubra el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), es decir, todo aquello que supere los 150 días de trabajo, «es una deuda que se cobrará en función de si hay dinero para pagarles o no lo hay», explicó Carreras. A partir de ayer, la única actividad que registrará la fábrica será la de los cinco trabajadores que hasta mañana o hasta el lunes, a lo sumo, se encargarán, de forma completamente voluntaria, de ir terminando los pedidos pendientes. La crisis económica y la caída fulminante del 40% en la facturación de Catisa que ésta ha provocado han sido la puntilla para convertir el cierre de la empresa en una realidad, después que ni el préstamo de 200.000 euros del Govern balear del pasado verano ni los 500.000 que ha desembolsado la empresa los últimos años pudieran evitar el concurso de acreedores, primero, ni el Expediente de Regulación de Empleo, después. La deuda de 1,5 millones de euros con Hacienda y la Seguridad Social heredada de la gestión anterior y el costoso traslado que se acometió prácticamente sin ayuda económica de ningún tipo han impedido finalmente el reflote de la empresa que cincuenta años después se despide de Maó. El responsable económico de la fábrica de Catisa en Maó, Pau Montserrat, hijo del anterior director de la empresa, expresó ayer una sensación de «tristeza» ante la consumación del cierre de «una fábrica emblemática de Maó de más de 50 años de historia y sin habernos sentido arropados por el Govern balear». «Está claro que si no queda más remedio que cerrar no se puede culpar al Govern, pero sí que pensaba que se involucraría mucho más en la situación de los trabajadores, ni que fuera en el plano más personal», reconoció Montserrat, que tiene previsto reunirse con los 31 trabajadores mañana para explicarles cómo irá el proceso que debe permitirles empezar a cobrar cuanto antes el subsidio del paro. «La palabra que mejor define sus sentimientos es la de haberse sentido desamparados», aseguró el economista en relación a los meses que llevan los trabajadores sin cobrar. «Probablemente sin una caída de la facturación tan fuerte y algo de ayuda institucional podríamos estar capeando el temporal», apuntó Montserrat, que lamenta que «el Govern decidiera desde un principio no intervenir, porque no la debería considerar una empresa estratégica».
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