Acusan al ex administrador de Catisa de quedarse con el solar de la fábrica para construir 91 viviendas
La promotora Puck Tower comparte domicilio social con otra sociedad de Josep Maria Drudis - La dirección corresponde al mismo despacho de abogados que tramitó la venta del solar
M.A. RUIZ COLL
PALMA.- Los trabajadores de la firma bisutera Catisa han presentado varias pruebas documentales ante el Juzgado de Instrucción de Maó mediante las que intentarán demostrar que el ex administrador de la empresa, Josep Maria Drudis, está tras la promotora Puck Power 2000, que pretende derribar la fábrica para construir sobre el solar una manzana de 91 viviendas, con locales comerciales e instalaciones deportivas. Puck Tower 2000 tiene previsto invertir 9 millones de euros (1.500 millones de pesetas) en el proyecto, que permanece paralizado en el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Maó.
La querella criminal interpuesta por los trabajadores contra Drudis por un presunto delito de estafa sostiene que su desembarco en Catisa fue concebido única y exclusivamente para culminar esta operación especulativa. Según esta tesis, el empresario catalán se sirvió de la promotora Puck Tower 2000 como sociedad interpuesta para quedarse con los terrenos sobre los que se alza la fábrica, antes de vender la compañía bisutera sin activos a Enric Perera a precio de saldo: una peseta por acción.
El abogado catalán Diego Caparrós, administrador de Puck Tower, aseguró el pasado mes de abril a EL MUNDO/El Día de Baleares que los accionistas de esta sociedad son inversores holandeses. Por su parte, Josep Maria Drudis negó rotundamente tener ninguna vinculación con esta promotora, a la que traspasó en octubre de 2000 la opción de compra sobre los terrenos por un precio de 126.000 euros.
Sociedad instrumental
Sin embargo, la documentación presentada ante el Juzgado de Instrucción de Maó desvela que Puck Tower comparte domicilio social en el número 201 de la calle Balmes de Barcelona con otra sociedad, Norio Corporation, de la que es administrador el propio Josep Maria Drudis.
Esta dirección corresponde al despacho Buxo Abogados, del que son miembros los letrados Rafael Buxo y Diego Caparrós, administrador de Puck Tower 2000. En su querella criminal, que ya ha sido admitida a trámite, los trabajadores de Catisa intentarán probar que esta promotora no es sino una sociedad pantalla utilizada por Drudis para hacerse con la propiedad de los terrenos de la fábrica, una vez descapitalizada la firma bisutera.
El empresario catalán se convirtió en administrador único de Catisa el 3 de mayo de 1999, tras comprar al precio simbólico de una peseta por acción las 4.200 participaciones que poseían los herederos de las familias Carretero y Timoner, fundadores de la más prestigiosa firma bisutera de la Isla.
Paralelamente, y en su calidad de representante legal de Catisa, adquirió a ambas familias una opción de compra sobre los terrenos por 216.000 euros, como anticipo del precio total del solar, que se cifró en 1,2 millones de euros (200 millones de pesetas). El nuevo propietario de Catisa contaba con un plazo de cuatro años para trasladar la fábrica a un emplazamiento alternativo antes de que, el pasado 3 de mayo de 2003, se ejecutara la opción de compra.
Mientras tanto, la empresa podría seguir ocupando las instalaciones a cambio de pagar un arrendamiento a sus todavía propietarios. Mediante un contrato privado, Drudis se comprometió ante la antigua propiedad de Catisa a efectuar inversiones por importe de 180 millones de pesetas, con el fin de reflotar y modernizar la empresa, así como construir las nuevas instalaciones industriales.
Los trabajadores de Catisa basan su acusación de estafa en que Drudis incumplió este compromiso económico y desapareció de escena una vez cumplido su objetivo: hacerse con el solar a través de una sociedad interpuesta para ejecutar sobre ellos una operación especulativa multimillonaria. Mucho más rentable, desde luego, que la fabricación de fornituras. La querella se hace extensiva a Diego Caparrós, administrador de Puck Tower, promotora a la que se presenta como responsable civil subsidiaria de los daños ocasionados a Catisa y su plantilla.
Drudis ya había acudido a los servicios profesionales del despacho de abogados de Diego Caparrós en 2000, encargándole su representación legal en la operación de compra de Catisa. A la luz de los documentos aportados ante el Juzgado, su relación con este gabinete jurídico aparenta ser más estrecha que la meramente económica. En la minuta que Buxo Abogados cargó el 20 de julio de 2000 a las cuentas de Catisa establece un descuento de 2'3 millones de pesetas en sus honorarios, justificado en la propia factura como «reducción especial por razón de amistad».
Drudis acudió de nuevo a los servicios de este despacho para que tramitara el traspaso de la opción de compra de los terrenos a favor de Puck Tower 2000. De forma insólita, la minuta de Buxo Abogados fue cargada de nuevo a la cuenta de Catisa, en lugar a la de Puck Tower, la beneficiaria de la operación.
Meras «casualidades»
Más sorprendente aún es que Drudis traspasara a esta promotora uno de los principales activos de la firma, la opción de compra, por un precio sensiblemente inferior (126.000 euros) al que él la había pagado apenas un año antes (216.000 euros). Puesto que la titular de la opción sobre el solar era Catisa, esta operación sirvió también para descapitalizar la empresa, sostienen los trabajadores en su querella, antes de que Drudis abandonara el barco, el 2 de mayo de 2001.
A preguntas de EL MUNDO/El Día de Baleares, el empresario catalán calificó ayer de meras «casualidades» estos datos. Así considera el hecho de que la sociedad Norio Corporation, de la que es administrador, comparta domicilio social con la promotora Puck Tower. Respecto a su relación con el gabinete Buxo Abogados, afirmó que «mis asuntos siempre los ha llevado Rafael Buxo, quien comparte despacho profesional con Diego Caparrós. Es lógico que cuando les encargué que buscaran un comprador para los terrenos de Catisa, lo encontraran entre los clientes del mismo gabinete».
En cualquier caso, negó cualquier «relación de amistad» con Rafael Buxo, más allá de lo profesional. «En toda mi vida no he comido con él más de una vez», aclaró, «los abogados a menudo cobran tarifas inferiores a las estipuladas por el Colegio Oficial y, en este caso, la justificó de forma desafortunada alegando una supuesta relación de amistad».
El pasado mes de abril, Puck Tower se dirigió a la dirección de Catisa instándole a desalojar la fábrica. Sin embargo, las familias Carretero y Timoner se negaron a ejecutar la opción de compra, a la espera de que el Juzgado de Instrucción resuelva la querella y se pronuncie sobre las posibles responsabilidad penales de Drudis.
El ex director general de Economía del Govern, Antoni Monserrat, aceptó el pasado mes de agosto la petición de los 37 trabajadores que cada día siguen poniendo en marcha la cadena de producción de Catisa para asumir la dirección de la empresa
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